(per Iñaki Bárcena [1]. Viento Sur, nº 92. Madrid. Juny 2007.)
1. ¿Quién debe a quién?
Hacerse esta pregunta puede resultar bastante útil. Si por emulación, todas las personas de la Tierra tuviésemos el nivel de consumo de recursos y de generación de residuos que tenemos la mayoría de las personas que vivimos los países industrializados, necesitaríamos tener a cinco o seis “Tierras” más. Resulta evidente que el sistema de producción, distribución y consumo que representa el capitalismo globalizado no es sostenible. Pero lo que es aún más importante, para salvaguardar el modelo de desarrollo para el bienestar de una mínima parte de la humanidad, se han masacrado generaciones pasadas y se ha puesto en peligro el bienestar de la actual y de las futuras generaciones, violando así sistemáticamente los derechos humanos de la mayor parte de las personas en el mundo.
Necesitamos urgentemente replantearnos el estilo de vida que llevamos. En el caso del Estado español, actualmente se devora un volumen de recursos naturales de entre 45 y 85 toneladas de materia por persona y año. Gran parte del flujo de este material incluyendo los residuos de la minería, la erosión terrestre, desechos de la tala de árboles y excavaciones no llega a convertirse en productos finales, pero llegan a sumar casi el 75% del material total utilizado en las economías industriales. En el caso español, cabe señalar que si bien en 1955 todavía salían al exterior un millón de toneladas más de las que entraban, en los años 60 se importaban cinco millones de toneladas más de las que se exportaban y en el año 2000 se llegaba a los 127 millones de toneladas de déficit físico de materiales. (Naredo, 2006: 232).
La deuda ecológica es un concepto que nos puede ser útil en la tarea de buscar otro modelo económicosocial, tratando de entender los problemas de fondo desde un punto de vista histórico, político, social, ecológico, económico e incluso cultural.
La deuda ecológica puede ayudar a establecer puentes entre organizaciones, campañas y luchas, por ejemplo, de un grupo ecologista local que está intentando parar un proyecto de autovía o un tren de alta velocidad, las campañas contra el cambio climático y las resistencias de pueblos indígenas y grupos ecologistas en Latinoamérica contra la explotación petrolífera de Repsol YPF en un parque nacional o una zona de bosque nativo o contra el monocultivo de biocombustibles. En este caso la defensa del territorio une la lucha por el respeto a los derechos humanos y la conservación de la biodiversidad, procesos que no pueden y no deben estar separados.
La deuda ecológica, al señalar los actores, los responsables y los procesos que la generan, sirve para desenmascarar los discursos de lavado de imagen que las empresas y los gobiernos están utilizando desde que se toparon el concepto mágico/ameba del desarrollo sostenible y también los falsos discursos asistencialistas de muchas instituciones y organizaciones que dicen defender el medio ambiente. Es una actitud hipócrita acudir a una empresa transnacional para que haga una donación con la que comprar un terreno de selva tropical para salvar la biodiversidad, mientras a 100 kms. de distancia esa misma empresa destruye la selva sembrando soja para su posterior exportación a Europa, eso si, con un certificado “ ecológico” , emitido por la misma organización que recibió el cheque para comprar un trozo de selva [2].
La búsqueda incesante de ese mito denominado “crecimiento económico” es lo que según José Manuel Naredo promueve la progresiva explotación y uso humano de la biosfera, la corteza terrestre, la hidrosfera y la atmósfera, unidos a la expansión de asentamientos e infraestructuras, a ritmos muy superiores al del crecimiento demográfico, que están dejando huellas de deterioro territorial evidentes, tales como la ocupación de los suelos de mejor calidad agronómica para usos extractivos, urbanoindustriales e implantación de infraestructuras, reducción de la superficie de bosques y otros ecosistemas con gran diversidad biológica e interés paisajístico, avance de la erosión, los incendios y la pérdida de la cubierta vegetal, etc. (Naredo, 2004).
La tarea de enlazar hechos aparentemente inconexos no es meramente teórica, sino tiene un trasfondo práctico en la creación de tejido social crítico con el modelo social, político y económico imperante. Y, por supuesto, en el intento de generar sinergias entre las diferentes organizaciones y redes que abordan estos temas. No sólo geográficamente (existe el movimiento alterglobalización Vía Campesina porque una campesina de cualquier lugar del mundo se enfrenta a problemas similares), sino fundamentalmente entre los diferentes sectores (ecologista, feminista, campesino, sindicalista, vecinal, estudiantil, etc.). La crisis ecológica hace tiempo ha dejado de ser un tema para los “ecologistas”, como la precariedad laboral tampoco se puede asumir y atacar únicamente desde lo sindical, ni el patriarcado sólo desde el movimiento feminista.
2. En busca de una definición de la deuda ecológica.
El concepto de deuda ecológica tuvo su origen en la literatura escrita y en las aportación realizada por parte de los movimientos populares del Sur, en concreto del Instituto de Ecología Política de Chile, con ocasión de la Cumbre de Río de Janeiro (1992). Desde entonces se ha ido expandiendo a otros ámbitos geográficos y al mismo tiempo se ha ido desplazando del terreno asociativo y de los movimientos sociales a los ámbitos académico e institucional.
Al contrario de otros conceptos hermanos como la huella ecológica (Wackernagel & Rees, 1996) o el espacio ecológico o ecoespacio (Spangenberg, 1995) que nacieron en círculos de investigación universitaria y posteriormente se han popularizado vía publicaciones y medios de comunicación, el concepto de deuda ecológica está haciendo el camino en sentido inverso, de abajo hacia arriba. Nuestra intención reside en que la deuda ecológica pase a jugar un papel tan relevante como el de los conceptos de huella y espacio ecológico, pues en ambos casos se ha producido tanto la recepción entusiasta del activismo medioambiental, como es el caso de WWF y Amigos de la Tierra a nivel internacional, así como la toma en consideración de tales indicadores por parte de gobiernos e instituciones en las políticas públicas medioambientales, desde los niveles locales a las Naciones Unidas.
El sistema económico vigente “externaliza” los impactos sociales y ambientales que provoca, no los hace suyos, no los considera como inherentes al modelo. La deuda ecológica pretende colaborar en el desarrollo de las nuevas teorías que abogan por “internalizar” estos impactos, haciendo de ellos uno de los ejes fundamentales sobre el que gire un nuevo paradigma que consiga acabar con el deterioro del planeta.
La deuda ecológica sería la contraída por los países industrializados con los demás países a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global para depositar los residuos. Reflejaría lo que el Norte debe al Sur por ese saqueo que, aunque originado en la época colonial, ha continuado incrementándose y presenta hoy unas características, no solo económicas sino sociales y medio ambientales, que lo hacen perfectamente objetivable.
En cualquier caso la deuda ecológica es un concepto más complejo y difícil de definir que la huella y el espacio ambiental. En la pasada década se han elaborado varias definiciones de deuda ecológica, algunas nacidas en el movimiento ecologista y otras elaboradas en ámbitos académicos. Por ejemplo, Aurora Donoso (Acción Ecológica Ecuador) en el Foro Popular (Bali, 2002) anterior a la Cumbre de Johannesburgo, definía la deuda ecológica como “la responsabilidad que tienen los países industrializados y sus instituciones, bancos, corporaciones políticas y económicas por la gradual apropiación y el control sobre los recursos naturales y por la destrucción del planeta causada por sus modelos de producción y consumo… Deuda que incluye la apropiación de la capacidad de absorción del planeta y de la atmósfera, contaminada por sus gases de efecto invernadero”.
La deuda ecológica, según J. Martínez Alier (2004), es la deuda acumulada por los países del Norte hacia los países del Sur por dos razones. En primer lugar, las exportaciones de productos primarios a precios muy bajos, es decir, sin incluir los daños ambientales producidos en el lugar de la extracción y del procesamiento, ni la contaminación a escala global. En segundo lugar, por la ocupación gratuita o muy barata de espacio ambiental la atmósfera, el agua, la tierra al depositar los residuos productivos.
Su fundamento conceptual se basa en la idea de justicia ambiental ya que si todos los habitantes del planeta tienen derecho a la misma cantidad de recursos y a la misma porción de espacio ambiental, los que usan más recursos o ocupan más espacio tienen una deuda hacia los otros.
Otros autores en busca de una definición amplia, han escrito que la deuda ecológica es la deuda acumulada por los países industrializados del Norte frente los países del Tercer Mundo, por el saqueo de sus recursos, el comercio injusto, el daño ambiental y la libre ocupación del espacio ambiental para depositar sus desechos. (Martínez Alier, Simms & Riijnhout, 2002).
Todo el mundo sabe y entiende de qué estamos hablando, pero en cualquier caso y teniendo en cuenta que la producción intelectual y académica sobre la deuda ecológica es bastante limitada, existe un especial interés en la elaboración de una definición entendible y comunicable, que goce de credibilidad y que se refiera a algo realmente importante para la gente.
Esta definición, que está aun en su fase inicial y que trata de evolucionar hasta llegar a ser completa y pormenorizada, no oculta una serie de opciones y de decisiones que hay que tomar a la hora de delimitar el concepto. ¿Quién debe a quién? es el leit motiv utilizado por el movimiento popular y ecologista para dar expresión políticosocial a las desigualdades económicas y ambientales que se denuncian, pero dar respuesta a tan abierta pregunta puede resultar una ardua tarea, que exige tanto una adecuada metodología contrastable científicamente como una profunda determinación política y moral.
La deuda ecológica no es menos deuda porque no esté reflejada en contratos. Es a la vez pública y privada, pero parece más interesante dedicarse a incidir en la deuda pública, para referirnos en primer lugar a la responsabilidad de nuestros países y gobiernos que ir pidiendo cuentas a los ciudadanos de a pie. Esto no excluye la búsqueda de mayor concreción y profundidad en su desarrollo, bien sea en la categoría de daño ecológico (contaminación, agotamiento, degradación…) o en la delimitación de su dimensión temporal y espacial (global, continental, regional, local) o en la caracterización de los deudores o acreedores (Estados, generaciones actuales o futuras, clases sociales, empresas transnacionales…) o en la cuantificación física o monetaria de la misma. Fuente: Eric Paredis et al. (2004).
Como se puede deducir de la figura anterior elaborado por el Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Gante, el concepto de deuda ecológica nace ligado a múltiples disciplinas y se asienta sobre metodologías anteriormente establecidas para la medición y el cálculo de los factores que intervienen en la deuda. De este modo, y teniendo en cuenta el entronque de la deuda ecológica con las diversas disciplinas de las que se nutre, podemos decir que esta es la resultante de una serie de aportaciones o visiones diferentes y diversas que se complementan y sin las que sería impensable o inconcebible. Esto es, este concepto se basa tanto en la idea de “capacidad de carga” de los ecosistemas del Planeta y de sistemas de contabilidad biofísica tales como la huella o el espacio ecológico así como el análisis de flujo de materiales.
Es un nuevo concepto que está directamente relacionado tanto con la visión crítica de la económica ecológica, que liga las dinámicas económicas entre países con la interacción en el medio ambiente, como con la justicia ambiental y los derechos humanos o las teorías sobre las injusticias históricas y la restitución, así como con otros conceptos como la ecología política, que J. Martínez Alier define como el estudio de los conflictos ecológicos distributivos o el ecocolonialismo de Agarwal y Narain (Eric Paredis & otros, 2004:74).
La huella ecológica mide la cantidad de tierra (y agua) necesaria para sostener un determinado modo de producción y consumo de una determinada sociedad y lo compara con la biocapacidad de ese determinado territorio y con la capacidad de carga media del planeta para de esta manera aportarnos el déficit ecológico entre lo ideal y lo real. Un país grande y poco poblado como Canadá en el 2002 por ejemplo tenía una biocapacidad de 14,24 ha/per cápita y aunque su huella ecológica era de 8,84 ha/persona, su huella quedaba muy por encima de la media global sostenible (1,8 ha/persona). Lo contrario ocurría con un país relativamente pequeño y superpoblado como Bangla Desh, que aunque sólo tiene una huella de 0,53 ha/persona y se queda a larga distancia de la media global sostenible, su capacidad de carga era tan sólo de 0,30 ha,/persona, debido a su gran población fundamentalmente. Así que nos encontramos con un déficit ecológico de 5,40 ha/persona en el caso canadiense (superávit), y de 0,20 en el de el anteriormente llamado Pakistán oriental, que expresan realidades socioecológica muy distintas y contradictorias.
La deuda ecológica, como diría Joan Martínez Alier, hace referencia a la “capacidad de carga expropiada” por unos países y sociedades sobre otras.
En el caso del espacio ecológico en vez de agregar todos los parámetros (cultivos, pastos, foresta, mar, superficie construida y absorción de CO2) a un solo factor, el área de tierra necesaria, se calculan 5 factores a tener en cuenta en cada país con respecto a la media mundial: Energía, materias primas no renovables, tierra agrícola, madera y agua. Este tipo de indicadores junto a metodologías de cálculo como el análisis de flujos de materiales (Naredo y Valero, 1999) o el modelo DPSIR (que responde a las iniciales inglesas de fuerzas motrices, presión, estado, impacto y respuesta) utilizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente o Eurostat sientan las bases de un acercamiento multidisciplinar para la obtención de un cálculo complejo.
En cualquier caso la operacionalidad de tales cálculos nos puede llevar tanto a un cálculo físico como a la traslación de tales magnitudes físicas a una deuda dineraria.
Siendo conscientes de que la cuantificación monetaria es sesgada y no es el objetivo central de los movimientos sociales que trabajan a favor del reconocimiento de la deuda ecológica, usar cifras económicas puede servir en ocasiones, en un mundo globalmente monetarizado, como una forma plástica de representar el daño ambiental y sobre todo como elemento evaluador que contrarreste la tantas veces pagada deuda externa. Como explica J. Martínez Alier para el caso latinoamericano, si la deuda externa total era de 700. 000 millones de dólares en 1991, eso equivaldría a los costos de reducción de deuda de carbono de los países industrializados en tan sólo 12 años (60. 000 millones de dólares anuales (J. M. Alier, 2004: 293).
En suma, este nuevo concepto de deuda ecológica tiene virtualidades y también problemas. Todavía no está claro cómo principios legales como “quien contamina paga” o “la responsabilidad común pero diferenciada” vayan a representar un enganche o factor jurídico suficiente para que se produzca un reconocimiento internacional de este concepto. Un concepto que además del presente mira hacia atrás recordando las relaciones económicas y ecológicas de anteriores décadas, lo que para muchos actores políticosociales es una rémora, ya que la búsqueda de la sustentabilidad ambiental tiende a mirar básicamente al futuro.
Sus virtudes, no son pocas. Este nuevo concepto supone tanto un nuevo instrumento de política económica como un nexo de unión que aporta soluciones tanto al problema de la deuda externa, como al cambio climático o a la reestructuración ecológica de nuestras sociedades en busca de su sostenibilidad. Tratar de observar conjuntamente los flujos energéticos, a la vez que los del comercio internacional y poder relacionarlos con la cooperación internacional para el desarrollo supone una nueva mirada que puede inducir a un cambio de comportamiento.
3. ¿Cómo cuantificar la deuda ecológica?
Es ciertamente complicado dar un valor monetario a la deuda ecológica en su conjunto. De hecho, en primer lugar hay dificultades debidas al gran número de daños ambientales producidos desde la época del colonialismo hasta hoy en día que hace que sea imposible cuantificarlos y evaluarlos todos. Un primer esfuerzo clarificador sería distinguir entre los mecanismos generadores de tal deuda (expolio de recursos, pérdida de soberanía alimentaria, intercambio comercial injusto, aprovechamiento desigual del espacio ambiental global…) y los componentes de la misma. Siguiendo los pasos de Acción Ecológica (Ecuador) y de J. M. Alier proponemos cuatro elementos o dominios donde evaluar la deuda ecológica que son la deuda del carbono, la biopiratería, los pasivos ambientales y la exportación de residuos, reconociendo que existen otros terrenos, como la deuda contraída por la pérdida de soberanía alimentaria donde es necesario empezar a poner el acento [3].
En segundo lugar, la complejidad de las relaciones entre ecosistemas y sociedad humana hace que sea difícil determinar con exactitud las consecuencias de un daño ambiental. Las interacciones entre los elementos de los dos sistemas, natural y social, pueden amplificar mucho una perturbación en el equilibrio inicial y conducir a cambios irreversibles e imprevisibles. La contaminación se transmite y se acumula a lo largo de la cadena trófica, y los factores que aumentan el riesgo son muchos, a veces interactúan entre ellos y muchas veces tienen efectos a largo plazo. Por eso es muy difícil aislar el efecto de cada elemento contaminante y establecer una relación lineal de causa efecto.
En tercer lugar, la evaluación monetaria puede dar cuenta sólo de una parte de las pérdidas asociadas con la deuda ecológica, pero ignora muchos otros aspectos de las pérdidas. Por ejemplo, los economistas usan varios métodos para estimar el valor económico de una vida humana, usando por ejemplo el coste oportunidad del trabajo perdido o el precio de los seguros sobre la vida. Estas valoraciones reflejan sólo una parte de las pérdidas asociadas a una muerte, mientras que muchos otros aspectos no pueden ser expresados con lenguaje monetario. Además estas estimaciones son discutibles porque dependen de la renta (la muerte de un profesional es más cara de la de un empleado).
Por todas estas razones, no es posible compensar más que una parte mínima de la deuda ecológica. En muchos casos las poblaciones perjudicadas por una empresa rechazan discutir sobre la suma de dinero que se les ofrecería. Sin embargo en el ámbito empresarial e institucional puede revelarse más eficaz hablar un lenguaje cuantitativo y monetario.
Por ejemplo, confrontar partes de la deuda ecológica expresadas en valores monetarios con la deuda exterior, puede ser útil para demostrar que esa ha sido ampliamente pagada, y que es el Norte quien debe al Sur, y no al revés. Además la evaluación monetaria de los daños ambientales es útil en un contexto judicial: la compensación monetaria del daño puede ser la única manera para que las víctimas por lo menos reciban algo y el culpable sea castigado, además de constituir un acicate preventivo o disuasor que incentive las empresas a tomar precauciones para reducir el riesgo de accidentes.
En cualquier caso una deuda es una responsabilidad adquirida, una obligación para con otros, que en nuestro caso proviene de un exceso o sobreutilización de algo ajeno o común. Eso nos lleva de la economía a los terrenos de la filosofía y del derecho, a las definiciones de justicia ambiental, derechos equitativos y soberanía nacional de los recursos y también a las ciencias naturales para determinar el uso sostenible de los recursos y la capacidad de carga de los ecosistemas.
Así, la cuantificación monetaria no es la única manera de evaluar la deuda ecológica: se pueden y se deben usar preferiblemente métodos de cuantificación física. Algunos de los indicadores que se pueden usar son los que se obtienen del Análisis de Flujos de Materiales [4], una metodología que consiste en sumar todas las toneladas de materia que entra y sale de un sistema económico. El flujo de materiales no es un indicador directo de contaminación (un gramo de mercurio contamina más de una tonelada de hierro), pero puede dar una idea de la dimensión física de una economía. Usando esta metodología observamos que mientras desde un punto de vista monetario las importaciones europeas son aproximadamente iguales a las exportaciones, en términos de peso Europa importa aproximadamente cuatro veces más de lo que importa [5].
Esto quiere decir que las exportaciones europeas son mucho más caras que las importaciones, es decir, que el ingreso obtenido de la venta de una tonelada de bienes exportados puede ser utilizado para comprar cuatro toneladas de bienes importados.
Por eso los países del Sur, a causa de la pobreza y la deuda exterior se ven incentivados a vender una cantidad creciente de bienes primarios, como combustibles fósiles, metales, minerales, etc., que producen mucha contaminación y poca riqueza en el lugar de extracción y de procesamiento, mientras que los países del Norte se especializan en productos finales, más caros y menos contaminantes.
Entrando en el terreno de las responsabilidades la deuda ecológica nos obliga a hablar de agentes acreedores y deudores. Estos pueden ser públicos y privados, tanto administraciones estatales como empresas, así como determinadas clases consumidoras tanto en los países enriquecidos como en los depauperados. ¿Quiénes son los acreedores de la deuda? En el escenario de los que deben ser recompensados aparecen tanto estados como colectivos sociales, indígenas, campesinos, mujeres sin olvidar las generaciones futuras que se van a ver privadas de recursos o afectadas por problemas ecológicos heredados por un manejo indebido e insolidario de los ecosistemas naturales. Este es el caso de la deuda adquirida por el uso abusivo de la atmósfera como sumidero de los gases de efecto invernadero que nos ha traído el consabido cambio climático.
Como se puede observar el concepto de deuda ecológica nos conduce a un estudio multidisciplinar para la obtención de un cálculo complejo que trata de reflejar los desequilibrios y las injusticias derivadas de un sistema de crecimiento económico ilimitado que además de suponer un mito irracional, produce desigualdades y genera riesgos socioambientales inasumibles para la humanidad.
Resumiendo, la deuda ecológica es un instrumento conceptual sintético y eficaz para hablar de la injusticia en las relaciones Norte Sur e intentar obtener:
- el reconocimiento del desequilibrio en el uso de los recursos naturales y en la contaminación producida, ayudados por indicadores como la capacidad de carga, elespacio ambiental y la huella ecológica que reproducen de manera concisa y plástica la insostenibilidad de nuestro modelo de producción y consumo.
- la prevención, es decir, una serie de políticas ambientales y económicas que impidan la producción de nueva deuda, el dictado de normativas que pongan freno a la esquilmación de los ecosistemas y busquen la reparación de los daños sociales y ambientales inflingidos.
- la reparación, monetaria y política de la deuda adquirida, asumiendo que una gran parte del deterioro natural y social producido no tiene vuelta atrás, porque es irreversibles y no puede ser reparado.
– la compensación (en la medida del posible) de la deuda ya creada y la abolición de la deuda externa. Lo cual supone la disposición a pagar por un uso abusivo o indebido reconocido y la disposición a aceptar tales compensaciones.
Nos encontramos en el comienzo de una camino largo y tortuoso pero son muchas las razones que nos impulsan a pensar que el titánico esfuerzo que se requiere para que la deuda ecológica ocupe un lugar en los programas de gobierno y en los tribunales internacionales será, como lo han sido otras largas batallas libradas por la humanidad: la abolición de la esclavitud, los derechos de las mujeres o el sufragio universal, una gran causa del género humano.
Euskal Herria, marzo del 2007
Iñaki Bárcena es profesor de la Universidad del País Vasco y miembro del Consejo Asesor de VIENTO SUR.
Notas
[1] El presente artículo es una versión, resultado de una adaptación, reformulación y readecuación de otros anteriores tras la discusión y el debate con personas del mundo académico y del movimiento ecologista a los que hemos de agradecer su solidaria colaboración, en concreto a Daniela Russi y Rosa Lago, a David Hoyos, Unai Villalba y Tom Kucharz y especialmente a los y las activistas de Ekologistak Martxan, Xabi, Rosa, Martin, Iratxe, Ruth, Silvia y Nerea.
[2] Ver también: http://iguazu.grr.org.ar / – http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/17063.
[3] Ver “ Deuda y Soberanía Alimentaria” en Ortega M. (ed.) (2005) La Deuda Ecológica Española. Impactos ecológicos y sociales de la economía española en el extranjero. Colección Pensamiento Global. Muñoz Moya Editores. Secretariado de publicaciones Universidad de Sevilla. Pág. 99115.
[4] Eurostat, 2001, “ Economywide material flow accounts and derived indicatorsa methodological guide”. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
[5] Giljum S. and Hubacek K., International trade and material flows: a physical trade balance for the European Union, incluido en la tesis de doctorado de Giljum S., 2004, “Biophysical dimensions of NorthSouth trade: material flows and land use”, Universidad de Viena.
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Páginas web de referencia
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. Convención marco del cambio climático www.unfcc.int
. Observatorio Deuda www.observatoriodeuda.org
. Ekologistak Martín www.ekologistakmartxan.org
. Ecologistas en Acción www.ecologistasencacion.org
. Christian Aid www.christianaid.org.uk
. Solidaridad en red www.solidaridad.net
. Convention on Biological Diversity www.biodiv.org/convention/
. Oilwatch www.oilwatch.org
. Red internacional sobre deuda ecológica www.deudaecológica.org
. http://iguazu.grr.org.ar /
. http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/17063.
